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  Sociopolítica   Balcanes 27/06/2013

Sombras sobre La Haya, en duda la independencia del presidente Meron

Autor: Stefan Graziadei

Una tormenta ha sacudido recientemente al Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. El presidente de la Corte, Theodor Meron, ha sido acusado por su colega, el juez danés Frederik Harhoff, de haber emitido juicios de motivación política sobre la absolución de varios acusados ​​de alto perfil acusados ​​de crímenes de guerra y contra la humanidad. La tesis de Harhoff es que Meron y otros jueces leales a él actúan en nombre de los Estados Unidos y tienen como meta limitar el alcance del principio jurisprudencial de la responsabilidad del mando. Esto, según Harhoff, favorecería a la jerarquía militar estadounidense y de otros países influyentes en sus operaciones militares.

No obstante, la tesis de Harhoff aún no se ha sustanciado con pruebas claras. Por esta razón algunos comentaristas no dudan en relegar las conclusiones del juez danés a teoría conspirativas. Bogdan Ivanisevic, abogado de Belgrado, afirma en un extenso artículo que Meron no se ha inventado nada, sino que se ha limitado a seguir la jurisprudencia anteriormente establecida por el tribunal. En cualquier caso, de acuerdo con Ivanisevic, Meron no podría actuar por sí solo, sino que siempre necesitaría una mayoría de los jueces para imponer su "agenda". Otros, como Martin Burcharth, según fuentes de Naciones Unidas, consideran que la tesis de Harhoff están motivadas. Para dar pábulo a los argumentos del juez danés están también las revelaciones de Wikileaks de 2003 y publicadas en la red en el sitio de Assange en 2011. Según estos documentos, Meron no sólo se reunió periódicamente con altos funcionarios de EEUU, demostrando un intenso intercambio de información entre las embajadas de EEUU. y el presidente de la corte, sino que sería, de acuerdo a un "cable", el "principal apoyo de los esfuerzos del gobierno de EEUU en el tribunal" (" the Tribunal’s preeminent supporter of United States Government efforts"). Meron también ha redactado, junto con los EEUU y Reino Unido, un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre los poderes y las prioridades del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia.

El documento sin duda más controvertido es en el que Meron pide la recusación de Carla del Ponte como fiscal jefe del TPIY. En primer lugar, Meron asegura que Del Ponte es una figura mediática, interesada ante todo en su imagen. En segundo lugar, Del Ponte no tendría ningún control sobre su personal, no "entiende nada de la gestión empresarial" y no tiene ni la visión ni las habilidades necesarias para desempeñar el papel de fiscal jefe de La Haya. Además, los cargos solicitados por el fiscal serían demasiado grandes, con el riesgo de que esto interfiera con el trabajo del tribunal durante varios años y ponga en riesgo la "estrategia de conclusión", la estrategia para concluir el trabajo de la corte dentro de unos años. Por esta razón, Meron pidió al gobierno de los EEUU en 2003 no renovar el mandato de Del Ponte como fiscal jefe del TPIY. Según el profesor Kevin Jon Heller, el comportamiento de Meron revela una clara violación del principio de la independencia del fiscal consagrado en el artículo 16 (2) del Estatuto del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia.

En cualquier caso, pese a que el papel de apoyo de Meron se refleja en los documentos de Wikileaks, eso no significa que, según lo declarado por el Süddeutsche Zeitung, haya seguido las directrices dadas por los Estados Unidos. Las pruebas presentadas para demostrar la mala fe de Meron y otros jueces, por ahora, no han salido a la luz pública y sólo se basan en rumores. Si tal evidencia apareciera nos encontraremos en medio de una verdadera guerra entre los jueces. Este escenario traería graves consecuencias para la reputación y operatividad del tribunal, aunque no parece probable que otros jueces estén dispuestos a seguir el ejemplo de Harhoff y expresar su descontento en un futuro próximo.

Theodor Meron, en la motivación de la sentencia absolutoria de Momčilo Perišić, ex jefe del Estado Mayor del ejército yugoslavo, consideró que no era posible llegar a la conclusión de que la única interpretación posible de la ayuda militar suministrada por él al ejército de la República Srpska (RS) estaba destinada a cometer los crímenes de guerra. Meron sostiene que dicha ayuda no estaba destinada únicamente a la comisión de crímenes de guerra, sino también al esfuerzo bélico de la RS en general, y que por tanto eran legales. Es preocupante que una institución tan delicada para la reconciliación en la ex Yugoslavia y para el desarrollo del derecho internacional humanitario como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia tenga una figura cuya independencia, como diría Meron, no es la única interpretación posible de los hechos.

Fuente: Artículo cedido por East Journal (© Todos los derechos reservados), traducido del original italiano

Enlaces de interés:

UN court prosecutor to appeal recent acquittal

ICTY to revise verdicts after the letter from Frederik Harhoff?

Danish judge accuses UN tribunal of yielding to political pressure

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